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Conforme a la agenda legislativa aprobada en la reunión plenaria de Boca del Río, Veracruz y siguiendo los lineamientos de los órganos internos de gobierno del PRI, se impulsaron reformas y presentaron iniciativas sobre aspectos esenciales para el país, entre los que destacan

EN MATERIA POLÍTICA

• Se refrendó el Artículo 40 Constitucional para incluir el concepto del Estado Laico. México se consolida como una nación moderna: incluyente, tolerante y con un poder público regulado estrictamente por las leyes y se inscribe en el grupo de países con legislación avanzada que garantiza el respecto a todas las creencias sin supremacía de una sola de ellas.

Presentamos iniciativas para:
• La Reforma Política.
Mejorar la colaboración con el Ejecutivo. El Informe Presidencial volverá a tener su valor como mecanismo de control político y para que rinda cuentas. La Cámara de Diputados también tendrá más responsabilidades para definir los presupuestos federal, estatal y municipal en coordinación con los congresos locales.

Planes Estatales de Desarrollo. Estos ya no quedarán al capricho de gobernante en turno y se fortalecerán los mecanismos de vigilancia. Buscamos abrir camino a los jóvenes para poder ser diputados a partir de los 18 años. Los mexicanos en el exterior podrán tener representación en la Cámara de Diputados y se restablecerá el registro condicionado de los partidos.

Zonas conurbadas. Se obligará a las autoridades federales, estatales y municipales a coordinarse para resolver conjuntamente los problemas de agua, vialidades, transporte público, etc.

• Ley Federal de Partidos Políticos.
La crisis de la representación política no se resuelve con la implantación de candidaturas independientes sino con el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Por eso buscamos establecer la obligación de los institutos políticos aludidos de respetar la declaración de principios y el programa de acción al momento de elaborar su plataforma electoral.

Los partidos políticos quedarán obligados a incluir su plataforma electoral en el programa de gobierno o legislativo correspondiente y una vez iniciado el proceso electoral federal, el afiliado o candidato que renuncie a su militancia partidista no podrá ser postulado por otro partido y perderá su calidad de legislador en el caso de que renuncie al partido político que lo postuló como candidato para adherirse a otro partido político o declararse independiente. Se obligará a los partidos a realizar asambleas y a renovar sus mandos a través de la Regla de Mayoría.

• Ley Orgánica del Congreso de la Unión. El PRI promovió un nuevo Reglamento para hacer más productivas las tareas en la Cámara de Diputados. Se evitará que las iniciativas se aglomeren y retrasen por prácticas burocráticas o procedimientos confusos.
Se precisarán derechos y obligaciones de los diputados y se dará un impulso definitivo al trabajo en las comisiones legislativas.


• Seguridad Pública y Justicia. Los asaltos y robos al transporte ferroviario, deben ser entendidos en toda su dimensión, toda vez que con una sola conducta delictiva se lesiona a diversas personas y bienes; además que dichas conductas se realizan sobre vías generales de comunicación. Estos delitos rompen la cadena de producción y comercialización afectando considerablemente a la economía nacional. Por eso los diputados hemos impulsado reformas penales que reflejen la importancia de estos ilícitos: ahora, la pena será de diez a treinta años de prisión para el que en caminos, carreteras o vías férreas haga uso de la violencia en contra de los ocupantes de un vehículo, incluyendo los carros y locomotoras del transporte ferroviario, ya sea de transporte público o particular.

• Selección de Jueces. Para una mejor justicia se necesitan mejores jueces. Por eso el PRI promovió reformas para que ahora el cargo a magistrados y jueces se logre con concursos de oposición y los aspirantes serán seleccionados de acuerdo con meritos prefijados.

EN MATERIA SOCIAL
Con el impulso del Grupo Parlamentario, se reformaron:

• La Ley General de Desarrollo Social, que crea un sistema de Indicadores de Desarrollo Social que permita medir, evaluar y proyectar hacia dónde se deben conducir los diversos programas sociales del gobierno federal para el beneficio de la población más desprotegida.
Los gobiernos federal, estatales y municipales deberán integrar su bases de datos respectivas, incluyendo el padrón de beneficiarios.
Las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, el Órgano Superior de Fiscalización, y el IFAI, tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos y los padrones de beneficiarios de los programas sociales mediante solicitud debidamente fundada y de conformidad con la reglamentación respectiva.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que crea los Centros de Atención a la Violencia Masculina, áreas encargadas para brindar ayuda profesional a los hombres que ejercen violencia; asimismo, se prohíbe cualquier clase de solicitud o condicionante de certificados de no gravidez para la obtención de un trabajo o el despido por motivo de embarazo; y se explicita que no se considera discriminación en el acceso al empleo, una diferencia de trato cuando por motivo de la naturaleza de las actividades profesionales, se constituya una causa legítima, determinante y esencial que ponga en riesgo a la mujer.

• La Ley General de Salud, que establece que las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán actividades que promuevan una alimentación equilibrada baja en grasas y azúcares que permitan un desarrollo sano del núcleo familiar y la obligatoriedad de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico para prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad.

• La Ley General de la Infraestructura Educativa, con el propósito de facultar al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar infraestructura física educativa en el Distrito Federal, así como para emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relativos.

• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas a fin de establecer: la obligación de los tres órdenes de gobierno de adoptar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas originarias de uso en el territorio; incorporar la figura de intérprete y traductor, su capacitación y certificación como uno de los objetivos y atribuciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; la obligación de este Instituto de enviar a la Cámara de Diputados un informe anual referente al establecimiento de la normatividad y la formulación de programas para la certificación y acreditación de técnicos y profesionales bilingües, además que las relaciones laborales del Instituto y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional.

• La Ley General de Salud relativas a los siguientes asuntos: aumentar las penas y multas a quienes adulteren, falsifiquen, contaminen o alteren fármacos, materias primas o aditivos para uso o consumo humanos, o sean fabricados sin los registros, licencias o autorizaciones respectivas, así como la falsificación o adulteración del material para envase o empaque de medicamentos; que para el otorgamiento del registro sanitario de cualquier medicamento, la Secretaría de Salud deberá verificar previamente el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y producción tanto del medicamento como de su correspondiente fármaco; la modificación del término “enfermedad mental” por el de “trastorno mental”, y que las autoridades competentes deberán difundir su conocimiento y prevención.

• La Ley de Propiedad Industrial y al Código Penal Federal para combatir la piratería. Con esta reforma, se busca combatir la delincuencia, evitar la adulteración de productos que particularmente consumen los jóvenes (alimentos y bebidas) fortalecer la planta productiva formal y evitar la venta de material que promueva y fomente el abuso sexual de jóvenes, mujeres y niños.

• La Ley General de Educación, en la que se establece que en las escuelas de educación básica de población mayoritariamente indígena, los materiales educativos que se proporcionen sean en la lengua indígena que corresponda, y que los profesores que brindan sus servicios en educación indígena, certifiquen su bilingüismo en la lengua que corresponda y el español.

• En materia de inmigrantes, se aprobó una reforma a la Ley General de Población que aumenta los años de prisión y disminuye la multa a quienes por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretendan llevar o lleven mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente, delito que se perseguirá de oficio.
Asimismo, se reformó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con lo cual se da reconocimiento y pago a los trabajadores que estuvieron en el Programa ‘Braceros’. El PRI impulsó y logró el pago completo y de una sola vez a los miembros históricos de este Programa. Se les liquidará con recursos derivados del fondo de excedentes petroleros. De ésta manera se beneficia y finalmente se hace justicia a miles de ciudadanos de la tercera edad.

• El Código de Comercio, para permitir juicios orales expeditos y certeros. Ahora, en lugar de cuatro años, estos durarán tres meses y se beneficiará principalmente a personas con bajos y medios recursos a los que se les ofrecerá apoyo de personal auxiliar especial.

• Se aprobó el proyecto de decreto por el que se expide La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Con esta ley se podrá coordinar la acción conjunta de la federación, los estados y los municipios al mismo tiempo que se articulan con los programas y proyectos de todas las dependencias y entidades del sector público; todo bajo un enfoque multidisciplinario.

Presentamos iniciativas para:
• Modificar la Ley de Desarrollo Social para definir la política nacional de desarrollo.

• Otorgar mayor autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

• Garantizar la pensión a los adultos mayores de 70 años, en lo particular aquellos en localidades menores a 2,500 habitantes.

• Incluir a la Educación Media Superior dentro de la Educación Básica Obligatoria, para dar oportunidades a tres millones de jóvenes que no tienen trabajo ni acceso a dicha educación.

• Avanzar en el mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas de salud y educativo, la seguridad social, la vivienda, la atención a los grupos vulnerables, mujeres, niños, jóvenes, ancianos y grupos indígenas.

• En la Ley del Seguro Social, establecer que los servicios de guardería que preste el IMSS, deben atender el buen desarrollo presente y futuro del niño, su seguridad e integridad física y emocional, así como instalaciones adecuadas y seguras. Explicitar que el IMSS podrá celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos mediante licitación pública, atendiendo la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997.

• En la Ley de Vivienda, se promueven reformas para asegurar su calidad y su congruencia con el desarrollo urbano.

• En la Ley del INFONAVIT, para que el Instituto no pueda ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los derechos derivados del cobro de los adeudos del importe del crédito que el trabajador hubiere recibido con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda. Asimismo, se propuso ampliar los plazos de pago en condiciones de emergencia económica en el país.

• En la Ley del Seguro Social, incluir un apartado denominado seguro contra pérdida involuntaria de empleo.

• En la Ley Federal de Trabajo, para establecer una licencia por paternidad y a quienes se convierten en madres por la vía de la adopción. Asimismo, se proponen modificaciones para que los trabajadores que presten sus servicios por conducto de una empresa o patrón para otra empresa o patrón, tendrán derecho al pago proporcional de utilidades que genere la empresa o patrón beneficiaria de sus servicios, independientemente de los derechos laborales que se generen por su relación laboral.

• En la Ley Orgánica de la Financiera Rural para asegurar el pago de pensiones y jubilaciones de las sociedades de crédito que se liquiden.

• Expedir la Ley de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

EN MATERIA ECONÓMICA
Con el impulso del Grupo Parlamentario, se reformaron:

• La Ley Federal de Competencia Económica, entre otras, para combatir de forma más eficaz los monopolios, y con ello buscar la reducción de precios y el aumento de las opciones para acceder a diversos productos y servicios, al igual que promover con ello mejoras cualitativas y fomentar la inversión para el crecimiento económico.

• Diversas leyes financieras, tal como la Ley de Instituciones de Crédito; la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, entre otras, con el objetivo de establecer normas en materia de comisiones y tasas de interés, evaluación de competencia, transparencia y protección de los usuarios de servicios financieros, así como lo relativo a sus sanciones.
• La Ley del Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de precisar el concepto de cadenas productivas, y promover el financiamiento de los proyectos que se organicen en cadenas productivas y que detonen el desarrollo rural sustentable a nivel local, regional o federal. También se reformó la mencionada Ley para establecer que la política nacional de investigación contemplara el uso de las tecnologías de información, tanto para su formulación como la difusión de avances, con los diversos actores de la sociedad rural. (Está en el Senado)

• La Ley de Propiedad Industrial, para aplicar medidas precautorias en procedimientos de infracción y evitar la consumación de daños irreparables en tanto se obtiene una resolución definitiva.

• La Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de establecer la obligación a los proveedores de exhibir el total a pagar por los productos que ofrezcan al consumidor, que exhiban desglosado el precio, impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con la adquisición o contratación respectiva, sea al contado o a crédito.

• Se revisó la Cuenta Pública respecto al ejercicio fiscal 2002, en que se establecen diversas recomendaciones para fortalecer la gestión operativa y administrativa de las dependencias gubernamentales; mejorar los sistemas de rendición de cuentas, así como los registros presupuestales y contables; cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente e implementar un sistema de indicadores estratégicos. Con ello se fortalece el proceso de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

• Se revisó la Cuenta Pública 2007, donde se destaca la existencia de subejercicios recurrentes en diversos sectores de la administración pública federal, y la canalización de 84 mil millones de pesos a fondos y fideicomisos con el propósito de utilizarlos posteriormente con fines distintos a los aprobados, sin control, transparencia ni rendición de cuentas. Destacan también los malos resultados económicos en crecimiento y empleo, y el uso discrecional e ineficiente del gasto público.

Presentamos iniciativas para:
• Reformar las normas de la banca de desarrollo, con el objetivo de que contribuya al desarrollo económico nacional, con una la eficiente captación, canalización y movilización del ahorro hacia programas, actividades y proyectos de inversión; que se pueda promover eficazmente el fomento al empleo y a la inversión productiva; que se atienda eficazmente a las PYMES; promueva integralmente el desarrollo de las diversas regiones; se usen las múltiples características positivas que hay en el país para impulsar nuestras exportaciones, y fortalecer la soberanía alimentaria, se podrá promover de forma más sólida a la agroindustria y se consolidará el sistema financiero rural.

• Reformar la ley presupuestaria, para hacer uso del déficit con el objetivo de que el gasto del gobierno sirva para fomentar la reactivación económica en una recesión, y obligarlo a pagar la deuda cuando la economía crezca; para combatir los subejercicios del gasto; evitar que el gobierno ejerza discrecionalmente los recursos y no atienda los requerimientos sociales plasmados en el presupuesto; fortalecer la evaluación de los resultados del gobierno en el uso de los recursos públicos; y establecer claramente sanciones por el uso inadecuado e ineficiente del gasto público.

• Otorgar autonomía al Servicio de Administración Tributaria, con el objetivo de fortalecer su independencia técnica para hacer más eficiente la recaudación, y evitar un manejo parcial de la política de administración tributaria.

OTROS
• Ley de Protección de Datos Personales. Facultar al IFAI como órgano protector de los datos personales, además de ahorrar dinero al erario, para evitar conflictos potenciales entre la apertura de la información y la protección de datos personales y aprovechar la acumulación de conocimiento y especialización institucional que ha tenido el instituto en el manejo de información.