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El grupo económico de la fracción del PRI presentó una serie de propuestas para enfrentar la emergencia económica, recuperar empleos y combatir la pobreza de cara a la discusión del presupuesto del 2010, entre las que sobresale la eliminación del IETU, reformas a la Ley de Presupuesto, y compactar la administración pública.

La posición planteada en la propuesta es respaldada por los senadores y por el PRI en general. Entre otros temas, se propone revisar la viabilidad del Impuesto sobre Depósitos en Efectivo y exentar la retención a quienes exhiban su Cédula Fiscal (RFC).

En conferencia de prensa, los diputados del PRI, Alberto Cano Vélez, informaron que propondrán la exención del pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) para quienes que se encuentren dentro del régimen de pequeños contribuyentes.

Por igual, se buscará reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de asegurar que los subejercicios se reasignen específicamente a proyectos de inversión en el siguiente ejercicio fiscal.

En ese sentido, propondrán la creación de un fondo específico para inversiones etiquetadas, con recursos provenientes de las disponibilidades finales, subejercicios, ahorros y economías de las dependencias del sector público.

En el marco de la aplicación del gasto público, la postura del PRI será evaluar el desempeño y vigencia de los programas en operación para cancelar aquellos que se dupliquen o que no hayan arrojado las metas establecidas.

Los legisladores priístas también demandarán compactar la administración pública al transferir funciones a dependencias afines, con el propósito de reducir el gasto de la alta burocracia.

De igual forma impulsarán un programa de austeridad y mayor transparencia en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos de estado, y se exhortará a los congresos de las entidades federativas a considerar medidas similares.

Dentro de las medidas para la reactivación inmediata del empleo y economía, el grupo parlamentario del PRI propone incentivos fiscales para las empresas que durante los próximos 18 meses generen nuevos puestos de trabajo.

En esos términos, buscarán instaurar en el Banco de México un fideicomiso compartido de riesgos cambiarios, a fin de promover instrumentos legales que promuevan y alienten la repatriación de capitales mexicanos en el extranjero.